Redacción: Mª Carmen Montoro Orta

El pasado mes de noviembre se caracterizó, en Andalucía, por las numerosas concentraciones que se llevaron a cabo en contra de la ‘Ley Celaá’, o LOMLOE. En la última, realizada el domingo 22, cientos de vehículos recorrieron las calles de las provincias andaluzas ondeando lazos naranjas y al grito de “más libres, más plurales, más iguales. Paremos la Ley Celaá. #StopLeyCelaá”, refleja el ABC de Sevilla.

La educación concertada reclama que está sufriendo un ataque directo por parte del Gobierno. De hecho, en redes sociales, miles de usuarios critican la limitación de libertad que sufrirán las familias si esta ley se aplica. Dicho así, parece que la LOMLOE procederá a cerrar cada uno de los centros concertados de la comunidad, algo que de verdad piensan algunos sectores de la sociedad andaluza. Pero, realmente esto no es así.

Según RTVE, la ‘ley Celaá’ “prohibirá expresamente el pago de cuotas a los colegios concertados a través de sus fundaciones o de las extraescolares que estén dentro del horario escolar”. Por tanto, cierto es que la educación concertada se verá limitada económicamente, ya que no podrá recibir ningún tipo de ingreso por parte de las familias, lo que podría desembocar en el cierre de algunos de estos centros. Pero, el derecho a la libertad de elección de los alumnos, realmente, no se vería quebrantado, como reflejan los titulares de algunos medios.

Sin embargo, existen multitud de opiniones y posicionamientos frente a este tema. Por un lado, tal y como explica Europa Press, la propia Junta de Andalucía, a través de la delegada de Gobierno en Málaga, ha apoyado dichas manifestaciones, ya que considera que esta ley es “un ataque a la libertad de elección de las familias”. Esto se debe a que uno de los sectores que más afectados se han visto y, por tanto, más se está manifestando, es el de educación concertada.

Pero, por otro lado, y según la Estadística del Gasto Público en Educación en el 2011, Andalucía destinó, de los más de 8 millones de euros que invierte en educación, alrededor de 805 mil euros en centros concertados. Y esto, precisamente, es lo que busca cambiar esta ley.