Durante el mes de septiembre de 2020, se han producido, en Almería, dos problemas similares: dos pateras con inmigrantes irregulares llegaron a España y, en ambos casos, tras hacer los test de COVID-19 a las personas emigrantes, se confirmó que algunas de ellas daban positivo en coronavirus. En teoría, siguiendo el protocolo sanitario, esta situación obliga a que tanto la persona infectada como los contactos estrechos sean trasladados a un centro de confinamiento.
Sin embargo, en estas dos ocasiones, los inmigrantes no fueron llevados a ningún lado, a pesar de que estuvieron en contacto con el contagiado de coronavirus. Tras estos casos en Almería, la Junta de Andalucía acusó al Gobierno central de “dejar en la calle” a inmigrantes en cuarentena por coronavirus, mientras que, desde la Delegación del Gobierno en Andalucía, adujeron que no era de su competencia el traslado de estas personas porque no estaban detenidas.
Por tanto, ¿quién tiene las competencias en casos como los vividos en Almería? El Plan de Vigilancia y Prevención de brotes de COVID-19 de la Junta de Andalucía -aprobado en el Consejo de Gobierno del pasado 9 de junio– establecía que, en aquellos casos en los que los afectados por el virus o contactos estrechos no tuvieran hogar, la Junta debiera facilitar un lugar donde estas personas puedan llevar a cabo el aislamiento.
Además, en dicho plan, la Junta de Andalucía aseguraba disponer de 17 recursos (instalaciones sanitarias), con un total de 3.947 plazas repartidas por toda la comunidad, para alojar a los infectados e implicados. Igualmente, la Junta también aseguraba contar con otros 47 recursos no asistenciales (instalaciones no sanitarias, como hoteles turísticos, que podrían medicalizarse en caso de necesidad) con un total de 10.554 plazas. Es decir, la Junta podría ofrecer espacios previstos para asistir a los inmigrantes irregulares que den positivo en COVID-19 o que hayan tenido contacto estrecho con un infectado.
No obstante, en realidad todos aquellos inmigrantes que llegan de forma irregular a Andalucía (no solo a Almería, sino al resto de provincias que también reciben inmigración irregular por mar, como Granada, Málaga o Cádiz) y que han estado en contacto con otros inmigrantes positivos en COVID-19 (en torno al 2% del total de los inmigrantes llegados en patera en lo que llevamos de año), la Junta solo ha designado, por ahora, el albergue municipal de Víznar (Granada) como el lugar en el que estos inmigrantes deben realizar su confinamiento. La Secretaría de Estado de Migraciones accedió, en julio de 2020, a que la gestión de los servicios, en estos inmuebles, recayera sobre Cruz Roja, ya que esta ONG recibe subvenciondes de la SE Migraciones para poder acometer estas labores hasta que se resuelva qué entidad tiene la competencia para amparar y proteger a los inmigrantes irregulares.
A día de hoy, la situación sigue como está: en Almería no hay ningún centro designado por la Junta de Andalucía para atender a estas personas durante su confinamiento, un confinamiento que, hay que recordar, ha sido acordado por la propia autoridad sanitaria (Delegación Territorial de Salud del Gobierno andaluz). Esta situación implica la necesidad de trasladar a estos inmigrantes a otras provincias (en el caso de Almería, al centro de la Junta de Andalucía de Víznar, en Granada, tal y como se señalaba anteriormente) donde, de nuevo, el Gobierno andaluz se desentiende al señalar que debe ser el Estado, a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad, quienes realicen dicho traslado; al no estar arrestados los inmigrantes, las fuerzas y cuerpos de seguridad no tendrían la competencia de llevar a cabo el traslado.